La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados junto al plan de los 1.000 días. “Es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo”, expresó Alberto Fernández al enviar el texto.
El proyecto de ley de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención después del aborto y la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocida como Plan de los 1.000 días, ingresaron hoy a la Cámara de Diputados, inmediatamente después del anuncio del presidente Alberto Fernández de su envío al Congreso.
Fernández afirmó, al anunciar el envío al Congreso de ambos proyectos en un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, que “es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”.
Ambos proyectos, que buscan garantizar el cuidado integral de las personas gestantes durante el embarazo y legalizar el aborto para aquellas que quieran no continuar con el mismo, habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.
“He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”, explicó el jefe de Estado.
Y detalló: “El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida”.
“El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida”, prosiguió Fernández.
Debate y tratamiento
Así, a partir de ahora la Cámara de Diputados se prepara para debatir la legalización del aborto, un proyecto que desembarca por novena vez en el Congreso Nacional, esta vez impulsada por el gobierno y luego de años de idas y vueltas legislativas que no lograron modificar el encuadre legal de la interrupción del embarazo, establecido en 1921 en el Código Penal.
El último proyecto, aprobado en el 2018 por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones, que tuvo su puntapié inicial en el país en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).
La iniciativa del Poder Ejecutivo llegó pasadas las 18 al Congreso junto a otra propuesta, el Plan de los 1000 días, que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños y niñas de hasta 2 años y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.
Otra grieta
La iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin importar la pertenencia política de cada legislador, aunque está claro que el Frente de Todos tiene mayor cantidad de diputados verdes y Juntos por el Cambio, de celestes.
La intención del oficialismo es, por un lado, “seguir ajustando los números” y, por otro, evitar las confrontaciones que se produjeron en 2018, cuando los legisladores sufrieron escraches por la posición que asumieron con respecto a la iniciativa.
Esta vez, el proyecto será analizado -a diferencia del 2018- en las comisiones de Mujeres y Diversidad, creada en diciembre último y que se constituirá en cabecera del debate; la de Legislación Penal y la de Salud, todas presididas por legisladores del oficialismo que respaldan el texto: Mónica Macha, Carolina Gaillard y Pablo Yedlin, respectivamente.
Ante el panorama de paridad, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición identificados como ‘verdes’ ya se preparan para el debate y confirmaron que hasta el momento hay 129 legisladores a favor de la legalización -como ocurrió en 2018- y 116, en contra.
Esos mismos números manejan los legisladores ‘celestes’ y, por eso, resulta central convencer a los once legisladores que aún permanecen indecisos, en su mayoría pertenecientes al FdT.
