El presidente dio marcha atrás con la intervención y cuestionó al magistrado Fabián Lorenzini porque el Estado nunca llegó a conocer el «pasivo real» de la compañía y porque mantuvo a los directores, pese a las irregularidades.
El presidente Alberto Fernández derogó el decreto por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentín durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado» por los créditos que se le dieron a la firma.
A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.
«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, expresó Fernández.
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Y lamentó: “Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
Además, el Presidente anunció que había dado «instrucciones» a los organismos públicos involucrados en el tema para que «realicen las acciones civiles, comerciales y penales» que «permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo» y otorgados durante el Gobierno anterior y «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».
El anuncio de intervención, que incluía el envío al Congreso de un proyecto de expropiación, fue hecho público el 9 de junio en un acto compartido con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti, y el economista Gabriel Delgado, designado interventor.
Rescate
El mandatario dijo que la intención del Gobierno «siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo».
«Nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial», remarcó.
Agregó que «en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores».
«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», afirmó.
