La fiscalización sigue su curso en el Conurbano para evitar que los empresarios se aprovechen de los usuarios, en plena emergencia por el coronavirus. El nivel de acatamiento varía de acuerdo a cada comercio y a cada municipio.
Intendentes del conurbano intensificaron en los últimos días los operativos de fiscalización de precios en sus territorios, donde hubo clausuras de comercios, multas y hasta denuncias falsas.
El decreto 351/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández el 8 de abril pasado delegó en los intendentes la misión de poner a raya los precios y obligar a los comerciantes que vendan por encima de los valores máximos publicados a retrotraer a los niveles autorizados al 3 de marzo por la Secretaría de Comercio, en el marco de la crisis por la pandemia de COVID 19.
La medida se tomó luego de que al inicio de la cuarentena obligatoria trascendieran denuncias con sobreprecios por encima del 60% en varios distritos del Conurbano, abusos que se empezaron a registrar aprovechando la crisis económica por el avance del coronavirus.
La clausura del local por tres días y las multas son la última instancia, pero antes de llegar a ese tipo de sanción se produce un apercibimiento y los comerciantes están obligados a corregir con posterior visita de verificación del municipio para reabrir sus puertas.
En Lomas de Zamora, por ejemplo, el municipio liderado por Martín Insaurralde mandó a la calle a 100 agentes a monitorear el cumplimiento de precios. “Los funcionarios se dividen en más de 20 equipos y se van peinando barrios”, precisaron a NA fuentes de la intendencia lomense.
“A cada denuncia que la gente hace, se va a controlar. Pero vimos que hay muchas denuncias fake”, indicaron desde la comuna.
Quilmes es uno de los municipios más activos en el patrullaje de comercios para la fiscalización de precios. Si bien emplea entre 25 y 30 agentes dedicados específicamente a esta función, se suman funcionarios de otros organismos como la AFIP y en total ya se relevaron 250 comercios.
Como resultado de estos operativos, según supo NA de fuentes cercanas a la intendenta Mayra Mendoza, ya se llevan realizadas 18 clausuras y se detectaron otras 21 infracciones.
Los productos que más aumentaron en comercios de proximidad de esa comuna (y que son un común denominador en todo el conurbano) son las verduras, frutas, alcohol en gel, carne, pollo, huevos y artículos de limpieza.
En las grandes cadenas de supermercados aparecieron sobreprecios en aceites, choclo en granos, galletitas, pañales, fideos, sal, yerba, azúcar y cacao, en tanto que se encontró desabastecimiento en rubros como aceite, productos de limpieza y desinfección, papel higiénico y rollo de cocina, y lácteos.
Otro municipio que se destaca en el monitoreo de precios es Merlo, especialmente en el control sobre grandes cadenas de supermercados.
El miércoles, el intendente local, Gustavo Ménendez, encabezó un operativo junto al Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, con más de 300 agentes que salieron a la calle a poner la lupa sobre los precios.
“Hoy estamos haciendo foco en los mayoristas y en las grandes cadenas para ver si se respetan los precios porque la semana pasada hicimos un gran operativo donde comprobamos el no cumplimiento de la norma por lo tanto hicimos actas y cobramos multas”, manifestó Menéndez.
En Escobar, son 100 funcionarios los que salen a las calles para controlar que se cumplan los precios máximos fijados.
La característica distintiva de ese municipio gobernado por Ariel Sujarchuk es que allí se creó y puso en funcionamiento una línea de Whtasapp para recibir denuncias por abusos de precios: se vienen recibiendo unas 10 denuncias diarias.
En Morón, donde gobierna el kirchnerista Lucas Ghi, se reforzaron las cuadrillas y actualmente son 29 agentes los que relevan los comercios en las calles para detectar incumplimientos y -eventualmente- advertir sobre sanciones.
En San Fernando, 129 comercios fueron relevados y se efectuaron 15 clausuras por parte de las cuadrillas de Orden Urbano del gobierno de Luis Andreotti, mientras que en José C. Paz, la Secretaria de inspecciones generales y defensa del Consumidor del Gobierno de Mario Ishii llevó a cabo 335 inspecciones y 22 clausuras de locales.
